Financiamiento Educativo: Una consideración docente

Sin importar el origen de mi vocación, la tarea de dejar una huella en la vida de los estudiantes depende del financiamiento educativo.

Elegí el camino de la docencia desde muy joven, admirado por las historias que contaba mi abuela. Ella era maestra, secretaria y directora ya jubilada de escuelas de gestión estatal de la provincia de Tucumán. En su comedor compartía generosamente sus conocimientos con sus hijos y nietos y resolvía problemas complejos para nuestra familia. Allí tenía de respaldo una biblioteca repleta de libros que usaba de referencia cuando dudaba de algo. Ella era, para sus nietos, “el libro gordo de Petete”.

Esta imagen me quedó grabada: la dedicación de una docente excepcional enfrentándose, a pesar de todo, a las limitaciones de un sistema.  Esa dedicación se enfrentaba a limitaciones impuestas por un sistema de financiamiento que, a veces, no estaba a la altura. No alcanzaban su generosidad y vocación.

Sin importar el origen de mi vocación, la apasionante tarea de dejar una huella en la vida de los estudiantes se ve inevitablemente afectada por el financiamiento educativo.  Inicialmente, la preocupación no es netamente salarial; aunque la informalidad salarial en la docencia es una realidad que impacta en la jubilación futura, no es la preocupación principal para un docente novel.  ¿Qué afecta, entonces, al desarrollo diario de nuestra labor? 

¿Sirve una ley de financiamiento educativo?

La Ley de Financiamiento Educativo, recientemente vetada, intentó establecer una meta de inversión del 6% del PBI para educación, ciencia y tecnología.  Si bien representó un avance, su implementación y los mecanismos de distribución de recursos, pese a la ponderación de matrícula, ruralidad y población no escolarizada, generaron tensiones.  La derogación de la Ley Federal de Educación y la sanción de la Ley de Educación Nacional (N° 26.206), junto a leyes como la N° 26.058 (Educación Técnico Profesional) y la N° 24.521 (Educación Superior), nos deja con un sistema que, en la práctica, prioriza los gastos corrientes, principalmente salarios y transferencias a escuelas privadas, en detrimento de otras necesidades.

Es cierto que la magnitud del gasto en educación está fuertemente correlacionada con las políticas salariales, y por ello tendemos a circunscribir la dificultad al tema del salario. Sin embargo, la gran afectación al clima institucional educativo se extiende más allá del dinero en el bolsillo.

¿Qué valor asignamos a un docente en nuestra sociedad?

La labor del docente requiere de… “una persona que se atreva a asumir riesgos y pruebe nuevas formas de enseñanza; que reflexione sobre su práctica para transformarla y valore las diferencias como elemento de enriquecimiento profesional; que sea capaz de trabajar en colaboración con otros docentes, profesionales y familiares del alumno; que conozca bien a todos sus alumnos y esté preparado para diversificar y adaptar el currículo; que plantee diferentes situaciones y actividades de aprendizaje; que ofrezca múltiples oportunidades; que tenga altas expectativas con respecto al aprendizaje de todos sus alumnos, les brinde el apoyo que precisan y evalúe su progreso en relación con su punto de partida y no en comparación con otros”, Blanco, 2005, p.176

Esta definición plantea una dicotomía con el mensaje que trasmite la asignación presupuestaria a la educación tanto nacional como provincial. No solo en el constante declive de la inversión en la cartera educativa (en franco descenso desde 2015) sino en la inconsistencia de los criterios para seleccionar el destino de los fondos.

Esta falta de criterio última es clave ya que afecta directamente el clima dentro del sector educativo. ¿Hay mecanismos de participación efectiva? ¿Existen vías para que los docentes influyan en las decisiones sobre el uso de los recursos? La verdad es que no. Si bien la asignación de estos fondos es decidida por personas formadas en economía, no existe un cuerpo asesor con la suficiente experiencia directa en los diferentes niveles educativos como para fundamentar y respaldar las decisiones tomadas para tal fin.

¿Se invierte eficazmente?

Si se toma como referencia el año 2015, único año en que se alcanzó el 6% del PBI, el 4,15% se destina a educación básica (inicial, primario y secundario), el 1,30% a educación superior (terciaria y universitaria) y 0,63% se destina a políticas transversales del sistema educativo. Si se desagregan los niveles de educación básica y superior, del total de la inversión pública educativa se destina un 32, 2% al nivel inicial y primario, un 28,7% al nivel secundario, un 4,3% al nivel terciario, un 15,4% al nivel universitario. Un 10,7% se destina a transferencias al sector privado y el 8,6% restante a políticas transversales. (Fuente: CGECSE, Ministerio de Educación de la Nación)

Tomando en cuenta, además, que los gobiernos provinciales son los responsables de brindar y garantizar los servicios educativos de los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y terciaria (educación superior no universitaria) y las modalidades previstas en la legislación nacional del sector (educación especial, educación técnica profesional, educación rural, educación intercultural bilingüe, educación en contexto de privación de la libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria), mientras que el gobierno nacional es responsable de la educación superior universitaria y programas vinculados con políticas educativas transversales o priorizadas.

Cabe aclarar que el nivel primario en Argentina está prácticamente universalizado, sin embargo, tanto el nivel inicial como el nivel secundario aún no cubren la cantidad de niños, niñas y jóvenes que debieran estar escolarizados para garantizar el acceso y permanencia en la educación obligatoria, ya sea por no ofrecer las vacantes como por la tasa de abandono respectivamente.

De la Macro a la Microeconomía

Tal vez te interece nuestro artículo: La macro ordenada no alcanza de Guadalupe Tagliaferri (presidenta MAD)

La falta de inversión adecuada impacta directamente en el día a día de las aulas. Un docente desmotivado por la falta de recursos se enfrenta a un aula sin los materiales necesarios. Tampoco el ambiente apoya su crecimiento profesional. Las consecuencias son visibles: aulas deterioradas, falta de herramientas didácticas y el estancamiento de métodos de enseñanza. Cuando se limita el financiamiento, el aprendizaje se vuelve una tarea cuesta arriba. Muchos estudiantes quedan sin el apoyo ni las oportunidades que necesitan para desarrollarse plenamente.

Infraestructura precaria

Los siguientes son ejemplos comunes del impacto del sistema en la infraestructura.

• Escuelas con techos rotos
• Falta de calefacción
• Laboratorios obsoletos
• Bibliotecas desabastecidas y carentes de servicios sanitarios

Escases de materiales didácticos que entorpece el proceso de aprendizaje

• Falta de libros de texto actualizados
• Recursos tecnológicos inadecuados
• Escasa disponibilidad de materiales para actividades prácticas

Formación docente deficiente

• Oportunidades de capacitación y actualización profesional limitadas.  Esto impide el desarrollo profesional y frena la innovación educativa.

Falta de apoyo para estudiantes con necesidades especiales

• Es complicado brindar una educación integral en la actualidad con las problemáticas de alumnos que poseen necesidades educativas especiales.
• Falta de recursos y políticas inclusivas adecuadas que generen mejores condiciones para esta población.

En conclusión

El financiamiento educativo, más allá de los salarios, impacta directamente en la calidad de la educación.  Para construir un sistema educativo a la altura de las necesidades de nuestros alumnos es necesario un cambio de paradigma que priorice una inversión integral. Esto aplica también a quienes nos dedicamos a la enseñanza.

Gran parte de la solución radica en un cambio en la creación de los mecanismos y dispositivos de participación en las decisiones de índole financiero. Los políticos no tienen que ser los únicos que se hagan responsables y se comprometan con estas decisiones. Tienen que participar también los docentes, directivos y la sociedad educativa en general.

Esto demanda un debate profundo, una planificación estratégica, y una gestión transparente y eficaz de los recursos. Además, tiene que tener en cuenta su impacto real en las aulas de todo el país.  Una conversación honesta que considere el valor de una correcta educación para el desarrollo de Argentina. Este es el momento de actuar, de apostar por un cambio que nos permita transformar la educación desde la raíz, con el financiamiento adecuado y un compromiso compartido.